La mayoría de los países de la Unión Europea confirmaron el martes (14 de mayo) amplias reformas al sistema de asilo de la UE.
Las nuevas reformas obligan al registro de los datos de los solicitantes de asilo en el primer país miembro al que ingresan, y los países miembros están obligados a determinar el destino de los solicitantes de asilo en un plazo de 12 semanas, lo que significa que proporcionarán residencia para aquellos elegibles para el asilo y facilitarán la deportación para aquellos cuyas solicitudes de asilo sean rechazadas.
Veintisiete países miembros de la Unión Europea, excepto Polonia y Hungría, votaron a favor del nuevo pacto, que es una versión modificada del acuerdo migratorio anterior de la UE.
Las leyes de asilo de Europa han estado desactualizadas durante casi dos décadas.
Estas reformas llegan justo antes del inicio de la campaña para las elecciones parlamentarias europeas, donde se espera que la migración sea un tema importante.
Detalles del nuevo acuerdo
Según el nuevo acuerdo, el país al que ingresan los solicitantes de asilo, incluidos los niños mayores de seis años, será inspeccionado, se registrará su identidad y se archivará en una base de datos común.
Esta inspección y registro, que no durará más de una semana, permitirá que las personas elegibles avancen en el proceso de asilo y proporcionará la base para el regreso a su país de origen para aquellos que hayan llegado a Europa por motivos económicos.
Las personas que buscan asilo deben presentar su solicitud en el primer país al que ingresan y permanecerán en ese país hasta que se resuelva su solicitud. Este proceso durará al menos 12 semanas.
Agilización del proceso de deportación
En caso de que se rechacen las solicitudes de asilo de las personas, se emitirá automáticamente una orden de deportación, y se ha establecido un plazo de 12 semanas para esto también.
Para detener a estas personas, es posible que la policía actúe en todo el país, y las agencias fronterizas y de guardia costera de la Unión Europea también ayudarán a organizar vuelos de deportación conjuntos.
En la actualidad, apenas una de cada tres personas con una orden de abandonar el país es realmente deportada. Esto se debe principalmente a la falta de cooperación de los países de origen de estas personas.
Las reformas ahora obligan a países como Polonia y Hungría, que se niegan a aceptar solicitantes de asilo, a pagar a los países de acogida de migrantes. La ayuda financiera puede ser de hasta 20,000 euros por persona. Sin embargo, esta ayuda puede destinarse a asumir la responsabilidad de la deportación de personas que enfrentan problemas en el país al que han llegado.
Reacciones
Algunos partidos políticos en Europa creen que el nuevo acuerdo resuelve los problemas de asilo que han enfrentado los países miembros desde que más de un millón de solicitantes de asilo llegaron a Europa en 2015 desde Siria e Irak. Esperan que estas reformas reduzcan la popularidad de los partidos de extrema derecha en las elecciones parlamentarias europeas de principios de junio.
Sin embargo, la implementación completa de este acuerdo no ocurrirá hasta 2026, y no proporciona una solución inmediata a uno de los mayores problemas políticos de la Unión Europea.
Los críticos argumentan que este acuerdo permite a los países detener a los migrantes en las fronteras y tomar las huellas dactilares de los niños. Afirman que el objetivo de estas reformas es restringir el derecho de los solicitantes de asilo a buscar asilo.
