POLPRESS: El miércoles 13 de enero, Human Rights Watch Afganistán emitió un comunicado instando al Consejo Internacional de Críquet a suspender la membresía de Afganistán en dicho consejo.
La organización de derechos humanos declaró que, mientras las mujeres afganas sigan privadas del derecho a la educación y a participar en el deporte, la membresía de Afganistán debe permanecer suspendida.
El Consejo Internacional de Críquet aún no ha respondido a esta solicitud. Sin embargo, en peticiones similares presentadas por políticos británicos, el Ministro de Deportes de Sudáfrica, la Red de Derechos de las Mujeres (WRN) y el equipo de críquet de Australia, se había señalado que la situación en Afganistán estaba siendo monitoreada.
Uno de los portavoces del consejo declaró que se ha formado un grupo de trabajo para abordar diversos temas, incluido el distanciamiento del críquet afgano de los asuntos políticos.
Los defensores del boicot al críquet afgano sostienen que la Junta de Críquet de Afganistán está bajo el control de los talibanes y, por lo tanto, debería ser sancionada.
Las reuniones de los miembros del equipo de críquet afgano con altos funcionarios del régimen talibán, incluidos eventos y banquetes oficiales, han intensificado las sospechas de que los jugadores del equipo apoyan las políticas talibanas.
Human Rights Watch ha señalado que el Consejo Internacional de Críquet, como primer paso, debería sancionar al equipo afgano en los próximos torneos e impedir su participación.
El comunicado de Human Rights Watch destaca que los estatutos del Consejo Internacional de Críquet condenan la discriminación y la exclusión en el deporte basadas en el género y la raza, algo que actualmente está ocurriendo en Afganistán.
Minky Worden, una de las directoras de Human Rights Watch, afirmó en el comunicado que los talibanes han emitido múltiples decretos y regulaciones para privar a las mujeres de sus derechos, como el trabajo y la educación.
El equipo de críquet de Afganistán tiene previsto participar en la Copa de Campeones en febrero en Pakistán, lo que ha generado preocupación y protestas en varios países, incluidas organizaciones defensoras de los derechos humanos.
