POLPRESS: Tras una filtración de información personal de miles de afganos —calificada como sin precedentes en la historia del Ministerio de Defensa del Reino Unido— el gobierno británico ha trasladado al menos a 4.500 personas a ese país.

En febrero de 2022, se filtraron involuntariamente los datos personales de cerca de 19.000 solicitantes afganos que, tras la toma del poder por parte de los talibanes en Afganistán, habían solicitado su traslado al Reino Unido.
En agosto de 2023, el gobierno británico se dio cuenta de esta filtración cuando parte de la información fue publicada en Facebook.
Como respuesta, el gobierno británico puso en marcha, nueve meses después, un nuevo programa de reasentamiento para las personas cuyas informaciones se habían hecho públicas. Hasta ahora, 4.500 de estas personas han sido trasladadas al Reino Unido.
Sin embargo, tanto la filtración como los traslados se mantuvieron en secreto, ya que el gobierno utilizó una orden judicial para impedir que se hiciera público.
El Ministerio de Defensa británico estima que 600 soldados afganos y 1.800 miembros de sus familias, cuyos nombres estaban en la lista filtrada, siguen todavía en Afganistán.
El programa, conocido como “Ruta de Reasentamiento de los Afganos”, ha costado hasta ahora 400 millones de libras esterlinas, y se estima que podría costar entre 400 y 450 millones de libras adicionales.
Las personas cuyos nombres se habían filtrado fueron informadas del hecho este martes. Se les envió un correo electrónico de advertencia para que actúen con mayor precaución en redes sociales y eviten responder a mensajes desconocidos.
John Healey, ministro de Defensa, pidió disculpas oficiales en el Parlamento por la filtración, calificándola de “grave error a nivel ministerial”.
Confirmó que la filtración incluía datos de altos mandos militares, funcionarios gubernamentales y miembros del Parlamento.
El gobierno declaró que se desconoce si hubo personas asesinadas o detenidas como consecuencia directa de esta filtración, pero investigaciones independientes han concluido que la probabilidad de que hayan sufrido daños directamente por este motivo es “muy baja”.
El juez del caso subrayó que el secretismo en torno a este asunto generó un “vacío de supervisión” y una violación de la libertad de expresión en un país democrático.
La filtración incluyó los nombres de personas que habían solicitado el programa “Reubicación y Asistencia para Afganistán”, una iniciativa que el gobierno británico había implementado para acelerar el procesamiento de solicitudes de personas que temían represalias de los talibanes, permitiendo su traslado al Reino Unido.

