Fin de los motines penitenciarios, liberación del personal carcelario que los reclusos mantenían como rehenes, más de 1.500 detenidos: es el balance provisional entregado este lunes (15.01.24) del amplio operativo desplegado en Ecuador en la lucha contra la violencia del crimen organizado, que la semana pasada alcanzó un clímax y llevó al Gobierno de Daniel Noboa a declarar el “conflicto armado interno”.
Ramiro García Falconi, director del Instituto de Criminología de la Universidad Central del Ecuador, prefiere hablar de un “estado de convulsión interna, debido a los niveles de violencia y de criminalidad”. Explica que “lo que tenemos son grupos de delincuencia organizada; lo que vemos además es una cantidad de megaoperativos, con encarcelamientos masivos, pero de ninguna manera los hechos corresponden a lo que se define como conflicto armado interno” de acuerdo con el derecho internacional humanitario.
De todos modos, las operaciones en que han intervenido conjuntamente la Policía y la Fuerzas Armadas han permitido recuperar el control de algunas zonas que se encontraban en poder de grupos de delincuencia organizada y de las cárceles. Pero “lo importante es que existan planes a mediano y largo plazo, que puedan permitir que se mantenga ese control y que exista una baja progresiva y permanente de los niveles de violencia en el país”, dice el académico a DW
Crimen organizado y corrupción
Según García Falconi, difícilmente se puede observar un plan sistemático de contención de la criminalidad. “El control de las cárceles durará mientras la Policía y las Fuerzas Armadas estén dentro de ellas. En el momento en que se vayan, si no hay un plan, a mediano y largo plazo vamos a tener simplemente un nuevo capítulo de entrega de las cárceles a los grupos de criminalidad organizada”, vaticina.
Las deficiencias del sistema carcelario del país son conocidas. Renato Rivera, coordinador del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO), destaca los problemas de hacinamiento y la falta de políticas de control y de guardias penitenciarios.
En conversación con DW, apunta al problema de fondo: “El hecho de que las organizaciones criminales en Ecuador operen desde las prisiones tiene un alto componente de corrupción que todavía no se termina de revelar. Varios directores de centros penitenciarios han sido acusados de corrupción o de recibir dinero como parte de actividades de tráfico de drogas o de extorsiones dentro de las prisiones”, dice el experto.
Y cuenta, como ejemplo, que el jefe de una de las 22 organizaciones que el Gobierno califica como terroristas era un exguardia penitenciario. “Eso da una muestra del alcance de esta relación que hay entre corrupción y crimen organizado dentro de las prisiones, que todavía no se ha dicho cómo se va a enfrentar”, apunta Rivera.
Solución “parche”
Por eso, considera que la construcción de dos nuevas cárceles, con secciones de alta seguridad, anunciada por el presidente Noboa, “es una medida de parche”.
Aunque los entendidos coinciden en que la infraestructura es un factor importante en esta ecuación, García Falconi tiene también otro reparo: “Veo que la inversión proyectada va dirigida hacia armamento, cárceles y represión, cuando es evidente que solo políticas sociales nos van a permitir reducir los niveles de violencia, especialmente en los sectores menos favorecidos”, afirma.
“Creo que los instrumentos de la guerra son inadecuados para conseguir los fines que se persigue. Estamos hablando de grupos de criminalidad organizada, compuestos fundamentalmente por adolescentes. Además, en un 100 por ciento, provienen de los sectores de mayor marginalidad, que han sido víctima de la falta de inversión social y de políticas sociales de las últimas décadas”, señala.
Justicia colapsada
Las detenciones masivas de los últimos días también tienen un aspecto que preocupa a los especialistas. “Los problemas de hacinamiento se agudizarán cada vez más y lo que vamos a tener es una exacerbación de la violencia interna en las cárceles”, advierte el catedrático de la Universidad Central.
Renato Rivera, el coordinador del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado destaca, por su parte, que los estudios realizados por dicha entidad revelan que “casos de criminalidad compleja, como lo que estamos viviendo actualmente, sea por terrorismo o por delincuencia organizada, terminan con un abuso de la prisión preventiva, porque el sistema no logra responder a las investigaciones que tiene que realizar”.
Por eso, prevé que, en la práctica, los detenidos en estas operaciones van a quedar en prisión preventiva, lo que llevará a que “el sistema de justicia, que ya está colapsado, colapse aún más”. A juicio de Renato Rivera, en Ecuador, “la Justicia no puede responder al número de detenidos que está habiendo día a día en el país”.
DW
