El Gobierno ha dado luz verde este martes, durante el Consejo de Ministros, a una reforma del reglamento de la ley de extranjería que pretende regularizar la situación de 900.000 inmigrantes ilegales en un plazo de tres años, con un objetivo de 300.000 regularizaciones por año. Esta modificación busca, además, simplificar los trámites administrativos, flexibilizar los requisitos y facilitar la integración laboral y social de los inmigrantes en situación irregular.
La reforma introduce varios cambios significativos, entre ellos la ampliación de los visados de búsqueda de empleo, que pasarán de tres meses a un año, y que podrán renovarse por hasta cuatro años. Además, se crean dos nuevas categorías de autorización de residencia basadas en el arraigo y se suavizan las condiciones para la reagrupación familiar de inmigrantes que ya tienen nacionalidad española.
Se trata de la cuarta modificación de este reglamento desde 2018, año en que comenzaron las revisiones de la norma bajo el mandato del actual Ejecutivo. Las reformas anteriores se centraron en temas específicos como los estudiantes extranjeros, los menas y la creación inicial de la figura del arraigo social. Sin embargo, esta nueva actualización ha sido descrita por la ministra de Migraciones, Elma Saiz, como la reforma más «integral y ambiciosa» desde la creación del reglamento en 2011.
Uno de los puntos destacados es que los visados de residencia, que antes eran un apartado más del reglamento, ahora tienen un marco específico dentro de la normativa. Esto busca clarificar los requisitos y procesos para obtener autorizaciones, facilitando así el acceso de los inmigrantes al sistema formal de residencia y trabajo en España.
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