Polpress – La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) ha publicado un nuevo informe en el que revela que, desde 2024, al menos 5,064 ciudadanos afganos han perdido la vida en rutas migratorias.
El informe, publicado el martes (29 de abril), indica que desde los cambios políticos ocurridos en Afganistán en 2021, miles de personas han huido del país, y muchas de ellas han muerto en el camino.
Según el informe, el total de muertes de migrantes desde 2024 supera las 50,000 personas, siendo los ciudadanos de Afganistán y Myanmar quienes registran el mayor número de víctimas.
La OIM señala que el 54 % de las personas fallecidas eran originarias de países en crisis, que huían de la guerra y la violencia.
En ese mismo período, más de 3,100 miembros de la comunidad rohingya en Myanmar también perdieron la vida al intentar escapar del país, muchos de ellos ahogados en el mar o durante la travesía hacia Bangladés.
El informe subraya que las muertes ocurridas en rutas migratorias peligrosas representan más del 72 % del total de muertes de migrantes en todo el mundo durante la última década.
De las 52,000 personas fallecidas, 39,000 murieron en zonas de crisis, atrapadas en situaciones de inseguridad, y más de 13,500 fallecieron durante su huida de conflictos o catástrofes.
La migración debe ser una elección, no una obligación
En el informe, Amy Pope, directora general de la OIM, señala: “Estas cifras son un recordatorio amargo de que, cuando las personas arriesgan sus vidas, es porque ya no les queda ninguna opción segura o aceptable en su país de origen.”
Y añade: “Debemos invertir en la creación de estabilidad y oportunidades dentro de las comunidades, para que la migración sea una opción y no una necesidad. Y cuando quedarse ya no sea posible, debemos trabajar juntos para garantizar rutas seguras, legales y ordenadas que salven vidas.”
La OIM ha instado a los gobiernos y socios humanitarios a colaborar para evitar que los migrantes sean ignorados en las respuestas ante crisis.
Asimismo, la organización aboga por ampliar las vías legales de migración, mejorar el acceso a la ayuda y atención médica, y realizar inversiones en sistemas de recopilación de datos que permitan identificar y proteger mejor a las personas en riesgo.
