La ONG Human Rights Watch (HRW) ha denunciado que la Policía de Pakistán y otros funcionarios han cometido abusos generalizados contra la población afgana refugiada en el país para obligarles a volver a Afganistán.
“Las autoridades paquistaníes han creado un entorno coercitivo para los afganos con el fin de obligarles a regresar a las condiciones que ponen en peligro sus vidas en Afganistán. Las autoridades deben poner fin inmediatamente a los abusos y dar a los afganos que se enfrentan a la expulsión la oportunidad de buscar protección en Pakistán”, ha señalado la directora para Asia de HRW, Elaine Pearson.
En ese sentido, ha explicado que se han llevado a cabo detenciones, confiscaciones de bienes y de ganado y destrucción de documentos de identidad de forma masiva con el objetivo de expulsar a miles de refugiados y solicitantes de asilo.
Entre los afectados hay personas que nacieron en Pakistán y que nunca han vivido en territorio afgano y otras con gran riesgo de sufrir persecuciones como mujeres, niñas, defensores de Derechos Humanos, periodistas o exempleados del gobierno previo a los talibán; según datos de Naciones Unidas y de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), el 92 por ciento de los afganos que abandonaban el país afirmaron que temían ser detenidos por las autoridades paquistaníes.
Muchos de ellos también han declarado que la Policía ha exigido sobornos, confiscado joyas y otras propiedades e incluso acosado sexualmente a mujeres y niñas; durante su campaña contra los afganos, las autoridades han llegado a culparles del reciente aumento de ataques terroristas.
De hecho, trabajadores humanitarios han asegurado a HRW que, a pesar de la prórroga de la validez de los documentos de identidad afganos hasta el 31 de diciembre, la Policía ha continuado destruyendo o confiscando estas tarjetas durante redadas para forzar las expulsiones del país.
Por su parte, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) declaró a mediados de noviembre que la llegada a Afganistán de cientos de miles de afganos “no podría haber llegado en peor momento” debido a la llegada del invierno y a la grave situación humanitaria que afecta a dos tercios de la población. Por si fuera poco, las autoridades paquistaníes han prohibido sacar más de 50.000 rupias paquistaníes por persona (160 euros), dejando a muchos “prácticamente en la indigencia”.
A ellos se suma la escasez de tiendas de campaña y de otros servicios básicos, según HRW, que acusa a Pakistán de violar sus obligaciones internacionales respecto a la Convención de Naciones Unidas contra la Tortura y al Derecho Internacional, que recogen el principio de no devolver por la fuerza ni presionar indirectamente a personas hacia países donde corren un riesgo claro de sufrir tortura u otro tipo de persecución.
“El Gobierno paquistaní debe poner fin a los abusos policiales y a las amenazas de expulsión y colaborar con el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR) para reanudar el registro de solicitantes de asilo afganos”, ha reclamado la ONG.
AFGANOS ESPERANDO SU REASENTAMIENTO EN OTROS PAÍSES
Además, Pakistán ha exigido pagar una tasa de 830 dólares estadounidenses (unos 750 euros) a los afganos que esperan su reasentamiento en Estados Unidos, Reino Unido y otros países y que aún no han podido obtener ni renovar sus visados.
“Los gobiernos que prometieron reasentar a afganos en situación de riesgo (que son Estados Unidos, Reino Unido, Alemania y Canadá) deberían acelerar estos procesos, al tiempo que presionan a Pakistán para que cumpla con sus obligaciones en materia de Derechos Humanos. Los países también deberían intensificar su respuesta a la crisis humanitaria en Afganistán, agravada ahora por la afluencia de cientos de miles de personas necesitadas al comienzo del invierno”, ha concluido Pearson.
