Tras los episodios violentos en Ecuador, un nuevo acuerdo de la Comunidad Andina de Naciones quiere frenar el narcotráfico en la región. DW consultó con expertos la viabilidad de este pacto histórico.
La ola de violencia que vivió Ecuador hace unas semanas representa el más reciente ejemplo de los altos niveles de criminalidad que han penetrado en el país latinoamericano. Unos sucesos que, de acuerdo con expertos consultados por DW, suponen un punto de inflexión en los esfuerzos de la toda región en su lucha contra el narcotráfico.
A fin de materializar los siguientes pasos, Ecuador, Colombia, Bolivia y Perú -miembros de la Comunidad Andina de Naciones (CAN)- concretaron el pasado domingo (21.01.2024) una serie de medidas bajo el paraguas de la llamada “red andina de seguridad”, cuyo fin es lograr más cooperación para detener el crimen organizado.
Un documento “de buenas intenciones”
El pacto, desarrollado en la XXIV Reunión Extraordinaria del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, expone 13 puntos orientados a reforzar los pasos fronterizos, la cooperación en materia aduanera o de inteligencia, e incluso en la creación de un Banco Andino de Datos (BAD). Un compendio de acciones para “luchar contra el flagelo de la criminalidad organizada transnacional”, según cita la CAN en una nota de prensa.
“Es un documento de buenas intenciones, pero que no genera objetivos en líneas de acción claras”, indica a DW David Saucedo, analista de seguridad para América Latina. “No esboza metas, no hay diagnósticos, no se habla de partidas presupuestales, ni número de efectivos que se van a comprometer en el combate al narcotráfico”, sostiene en una entrevista con DW.
Para Mario Pazmiño, consultor internacional de inteligencia y seguridad para América Latina y Europa del Security College US, se trata de “una reacción tardía de la comunidad andina ante una crisis que viene desde muchas décadas atrás”, aunque dicha reacción podría potenciar “una posible unidad frente al crimen organizado transnacional”, dice.
Por otro lado, existen “dificultades técnicas”, sostiene, por su parte, Frédéric Massé, codirector de la red de monitoreo y análisis del crimen organizado en América Latina (CORAL). “Las fronteras entre los países de la CAN son largas y porosas, o sea que reforzar la vigilancia puede ser costoso o ineficiente”, indica a DW, y se pregunta también de cuánto tiempo constaría esa supervisión.
Omisiones importantes
En el acuerdo -cuyo contenido es público a través de la propia web de la CAN-, se destaca la llamada “Red Andina de Seguridad 24/7”, operativa a partir del primer trimestre 2024, centrada en “intercambiar información sobre la actividad de agrupaciones delictivas” que “atenten contra la seguridad pública” en los territorios de los países firmantes o en sus fronteras.
Son medidas de “represión contra el crimen organizado y el narcotráfico”, que, sin embargo, descuidan dos de los factores más importantes que impulsan y potencian estas actividades: “la pobreza y desigualdad social”, sostiene Pazmiño.
“¿Dónde tiene que enfocar la comunidad andina el mayor esfuerzo? No en el aparato militar, ni en el pie de fuerza, sino en mejores condiciones de vida para la sociedad latinoamericana”, sentencia el experto.
En este sentido, algunos analistas subrayan la falta de acciones en materia de derechos humanos, libertades civiles o la mención a la corrupción, siendo éste un elemento denunciado por la connivencia que a veces existe entre el propio crimen organizado y los funcionarios gubernamentales, y que hace más difícil la lucha contra el propio narcotráfico.
Para Massé, de Red CORAL, la misma corrupción dentro de las instituciones es lo que refuerza el miedo y las reticencias en compartir información, algo que explicaría la falta de cooperación previa entre países para un acuerdo de este estilo.
Acuerdo regional, fenómeno transnacional
Según Saucedo, la creciente inestabilidad interna derivada de guerras entre grupos de narcotráfico, así como la expansión de las rutas de comercialización, no solo ya en Colombia o Ecuador, sino el rumbo similar que podrían seguir paises como Perú o Bolivia, ha terminado por establecer esta “red” correctiva -no preventiva- ante el narcotráfico.
No obstante, omite actores relevantes: “Me parece que hay una omisión grave al no incorporar a Méxicoen este esquema regional de combate al narcotráfico, en virtud de que son los cárteles mexicanos los que están involucrados en gran parte de la problemática del tráfico de drogas en los países andinos”, sostiene.
Según el experto, para un combate real contra las estructuras del narcotráfico hay que reconocer la extensión de las redes del narcotráfico mexicanas, como el Cartel de Sinaloa o el de Jalisco Nueva Generación, en países como Ecuador y Colombia, y con impacto ya en lugares como Chile.
Cooperación, indispensable
Pese a las limitaciones del acuerdo, la decisión de la CAN va “en la dirección correcta”, dice Massé, aunque será necesario una mayor cooperación en el tiempo y con más países. “Venezuela, México y Brasil, que no pertenecen a la CAN son también tanto el origen como las víctimas del narcotráfico”, señala.
De igual forma, Pazmiño aboga por abrir el pacto a otros actores regionales que “también van a sufrir las consecuencias del crimen organizado” y señala directamente a las repercusiones del “conflicto armado interno” en Ecuador que ha provocado que parte de esos grupos migren hacia países vecinos”, por lo que ahora “el apoyo entre países va a ser vital”, subraya.
Según el Informe sobre Cocaína presentado por Naciones Unidas en 2023, la frontera de Ecuador con Colombia es una de las zonas de mayor tráfico de cocaína de la región sudamericana, con hasta 70 pasos ilegales. Mientras, al sur, la frontera entre Chile y Bolivia se ha convertido en un punto de tránsito crucial de cocaína y para migrantes.
(cp)
