Polpress: Recientemente, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA) ha proporcionado estadísticas que indican que desde enero de 2022 hasta febrero de 2024, al menos 1.500 personas han sido víctimas de explosiones de minas y explosivos en Afganistán.
Este informe se publica después de que en los últimos días aproximadamente 15 niños hayan perdido la vida debido a la explosión de minas sin detonar dejadas por conflictos pasados en las provincias de Herat y Ghazni.
El Miércoles (3 de abril), OCHA informó que alrededor de 4 millones de personas están expuestas al riesgo de minas y explosivos sin detonar.
Según el informe de OCHA, el 86% de las víctimas de explosiones de minas y explosivos en el país son niños.
El informe afirma: “Las explosiones de minas y explosivos son la segunda causa principal de muerte de civiles en Afganistán”.
OCHA añadió que 1,2 millones de metros cuadrados de tierra en Afganistán están contaminados con minas y explosivos.
Las áreas contaminadas de Afganistán incluyen 262 distritos y se encuentran cerca de áreas educativas y fuentes de agua.
Esta agencia destacó que de los 4,4 millones de afganos que necesitaban servicios de desminado en 2023, solo el 14% recibió asistencia.
OCHA, sin especificar el presupuesto total de la agencia para la lucha contra las minas en Afganistán, enfatizó que hasta ahora los países donantes han cubierto el 13% de dicho presupuesto.
Según esta agencia internacional, las minas y explosivos en Afganistán representan una amenaza particular para las personas que dependen de la agricultura y la ganadería como medios de vida, incluidos los agricultores, pastores y ganaderos, así como para los repatriados.
OCHA identificó la recolección de metales como otro factor que contribuye al aumento de las víctimas de explosiones de minas y explosivos en el país, ya que las familias lo realizan para obtener ingresos.
Según el fundamento de este informe, las organizaciones de desminado han llevado a cabo esfuerzos significativos en los últimos años para educar a la población, especialmente a los niños, sobre los peligros de los artefactos explosivos en el país.
