Expertos independientes en derechos humanos de la ONU han expresado este viernes su “profunda preocupación” por múltiples informes que detallan arrestos arbitrarios, detenciones y malos tratos a mujeres y niñas en Afganistán, supuestamente relacionadas con violaciones del estricto código de vestimenta de los talibán.
Los expertos designados por el Consejo de Derechos Humanos han pedido a las autoridades que cumplan con las obligaciones de derechos humanos de Afganistán, principalmente en virtud de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer.
La represión de los talibán comenzó inicialmente en el oeste de Kabul, predominantemente habitada por la comunidad minoritaria étnica hazara, que ha sido blanco de violencia extremista durante años, pero rápidamente se expandió a otras áreas, incluidas regiones y provincias pobladas por tayikos como Bamiyan, Baghlan y Balkh, Daykundi y Kunduz.
Durante la operación en lugares públicos, incluidos centros comerciales, escuelas y mercados callejeros, se ha detenido a mujeres y niñas presuntamente acusadas por los talibán de llevar un “hiyab malo”.
Algunas fueron llevadas a la fuerza a vehículos policiales, retenidas en régimen de incomunicación y se les negó representación legal, según un comunicado de prensa emitido por la oficina de derechos humanos de la ONU, ACNUDH, en nombre de los expertos.
“Se informó que mujeres y niñas fueron retenidas en espacios hacinados en comisarías de policía, recibieron sólo una comida al día y algunas de ellas fueron sometidas a violencia física, amenazas e intimidación”, dijeron.
En mayo de 2022, las autoridades talibán ordenaron a todas las mujeres que llevarán un “hiyab adecuado”, preferiblemente usando un chadari (una prenda negra holgada que cubre el cuerpo y la cara) en público y responsabilizaron a sus familiares varones de hacer cumplir la prohibición o enfrentarían un castigo.
Si bien algunas detenidas fueron liberadas al cabo de unas horas, otras, según informes, languidecieron bajo custodia durante días o semanas. La falta de transparencia y acceso a la justicia significa que es difícil evaluar el número actual de detenidas potencialmente recluidas en régimen de incomunicación.
Su liberación ha estado supeditada a que los miembros varones de la familia y los ancianos de la comunidad brinden garantías, a menudo por escrito, de que cumplirán con el código de vestimenta prescrito en el futuro.
“Además de castigar a las mujeres por lo que visten, asignar la responsabilidad de lo que visten a los hombres viola la capacidad de acción de las mujeres y perpetúa un sistema institucionalizado de discriminación y control de las mujeres y las niñas y disminuye aún más su lugar en la sociedad”, han denunciado los expertos.
Los expertos que hablan tienen el mandato del Consejo de Derechos Humanos de monitorear e informar sobre la situación de los derechos en el país, así como sobre la violencia y la discriminación contra mujeres y niñas. Trabajan de forma voluntaria, sirven a título individual, no son personal de la ONU y no reciben salario.
El mes pasado, un informe de la ONU encontró que varios cientos de mujeres afganas se vieron obligadas a renunciar a sus trabajos o fueron arrestadas y se les negó el acceso a servicios esenciales en el último trimestre de 2023.
Entre las arrestadas se encontraban mujeres que compraban píldoras anticonceptivas, personal femenino de un centro de salud y mujeres que no estaban acompañadas por un mahram (un acompañante masculino). Según los informes, las autoridades afirmaron que “no era apropiado que trabajara una mujer soltera”.
Mientras tanto, la situación humanitaria en todo el país continúa deteriorándose. Cuatro décadas de conflicto, pobreza arraigada, desastres naturales e inducidos por el cambio climático y severas restricciones de los derechos han dejado a casi 24 millones de personas, incluidos más de 12 millones de niños, necesitados de asistencia y protección humanitaria.
(EUROPA PRESS)
