polpress: Al menos 76 organizaciones civiles y de derechos humanos, en una carta abierta dirigida a la Corte Penal Internacional, han solicitado el enjuiciamiento de Zalmay Khalilzad, exrepresentante de Estados Unidos en las negociaciones de paz de Doha, Catar.
En la carta, se critica abiertamente lo que se ha descrito como el papel parcial de Khalilzad a favor de los talibanes, afirmando que durante dichas negociaciones, él trabajó activamente para debilitar los cimientos del anterior gobierno afgano.

El Acuerdo de Doha fue un pacto de paz firmado el 29 de febrero de 2020 entre Estados Unidos y el grupo talibán en Doha, Catar. Por parte estadounidense, Zalmay Khalilzad firmó el acuerdo y durante los dieciocho meses de negociación se desempeñó como representante de EE. UU. en las conversaciones.
El enfoque principal del acuerdo giraba en torno a tres ejes: “la retirada total de las fuerzas estadounidenses y de la OTAN de Afganistán”, “el compromiso de los talibanes de impedir la actividad de Al Qaeda en los territorios bajo su control” y “las negociaciones entre los talibanes y la República Islámica de Afganistán”.
Expertos sostienen que este acuerdo condujo a la caída del gobierno anterior y al retorno de los talibanes al poder en Afganistán.
Ahora, las 76 organizaciones civiles y de derechos humanos que aseguran tener pruebas suficientes, acusan a Zalmay Khalilzad de ser responsable del retorno de los talibanes al poder y de la exclusión sistemática del pueblo afgano del proceso político.
Estas organizaciones acusan a Khalilzad de violar el principio de neutralidad en la mediación diplomática según la Carta de las Naciones Unidas, y de complicidad indirecta en una discriminación sistémica. Además, la carta sostiene que Zalmay Khalilzad ayudó directamente a un grupo que ha cometido apartheid de género en Afganistán.
La Corte Penal Internacional no ha emitido ningún comentario hasta el momento sobre esta carta. Por su parte, Zalmay Khalilzad ha rechazado repetidamente acusaciones similares en múltiples entrevistas, argumentando que simplemente ejecutaba las políticas del gobierno estadounidense de ese entonces.
Desde el regreso de los talibanes al poder, las discusiones y reacciones en redes sociales sobre Khalilzad han sido mayoritariamente negativas y críticas.
Muchos afganos creen que Khalilzad logró manipular el entorno de las negociaciones en Doha de manera que los resultados favorecieron principalmente a los talibanes.
En varias entrevistas televisivas, Khalilzad ha respondido con enojo e irritación a quienes lo califican constantemente como simpatizante del grupo talibán.
En la carta abierta, las organizaciones civiles y de derechos humanos afirman que las acciones de Zalmay Khalilzad, desde una perspectiva tanto política como jurídica, demuestran su alineación con los talibanes; un grupo que, desde que retomó el poder, ha violado repetidamente los derechos humanos, especialmente los derechos de las mujeres, prohibiéndoles el acceso a la educación y al trabajo.
Solicitud de apertura de investigación
La carta solicita formalmente a la Corte Penal Internacional que investigue a Zalmay Khalilzad en relación con los asuntos mencionados. Las organizaciones firmantes han expresado su disposición a colaborar con el tribunal durante el proceso de investigación y a proporcionar la documentación necesaria a los investigadores correspondientes.
Los colectivos denunciantes afirman que esta carta forma parte de un proceso legal más amplio, que incluirá evidencias, testimonios y documentos que se presentarán ante los mecanismos internacionales pertinentes.
Anteriormente, Cheryl Benard, esposa de Zalmay Khalilzad, tras una visita a Afganistán bajo control talibán, publicó un artículo en el que instaba a los refugiados afganos a no temer el regreso al país. Estas declaraciones provocaron una fuerte reacción de mujeres afganas y otras organizaciones civiles y de derechos humanos.
Varias activistas por los derechos de las mujeres acusaron a la esposa de Khalilzad de colaborar con los talibanes.
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