El Tribunal Supremo ha ordenado al embajador en Pakistán que ponga en marcha el traslado urgente a España de ocho ciudadanos afganos, familiares de un colaborador de la Agencia Española de Cooperación Internacional y el Desarrollo en ese país, para que puedan presentar en nuestro país una solicitud de protección internacional.
El colaborador y su familia tuvieron que huir del país cuando fue tomado por los talibán, ante el miedo a las represalias por haber colaborado con la agencia española.
El Alto Tribunal estima el recurso de varios de esos familiares contra la negativa de Exteriores a concederles el traslado a España desde Pakistán, donde se habían refugiado. Inicialmente, el Tribunal Superior de Madrid había dado la razón al Ministerio de Exteriores y había denegado esa medida cautelar de traslado.
El TS considera “relevante” el hecho de que Exteriores les diera en agosto de 2021 un salvoconducto, tras los graves sucesos registrados en Afganistán en esas fechas. En él se declaraba a los familiares bajo la protección del Gobierno de España y les permitía el abandono de su país de origen con destino a España. Finalmente, lo permitió con la mujer, padre e hijos del colaborador, pero no con el resto de familiares, entre ellos varios hermanos.
“La Administración recurrida -señala la sentencia– tiene por acreditado -en ese momento- que los recurrentes son perseguidos por los talibanes debido a su vinculación -al menos del jefe de la familia- con las autoridades españolas. La Administración recurrida asume y reconoce el peligro grave para su vida. El salvoconducto acredita que el interés público consiste en que estas personas sean trasladadas a nuestro país para que puedan solicitar la protección del Gobierno de España. A pesar del tiempo transcurrido, la Administración recurrida no puede desvincularse ahora de su propio acto”, dicen la Sala de lo Contencioso-Administrativo
“No cabe ignorar”, prosigue, “la existencia del salvoconducto, aunque no tenga efecto estrictamente automático, pero no cabe desconocer que estas personas vieron reconocido en su momento el derecho para volar a España y que al resto de los familiares, a los que se les reconoció ese derecho de traslado, (…) luego se les ha concedido la condición de refugiado y el derecho de asilo”.
Para el Supremo, “todos los recurrentes deberían estar actualmente en nuestro país. Deberían estarlo desde agosto de 2021”.
Agrega que además “las medidas cautelares solicitadas no interfieren en el normal funcionamiento de la Administración Pública. El traslado de los recurrentes a España es con la finalidad de que puedan presentar una solicitud de protección internacional. No se condiciona su resultado. La Oficina de Asilo y Refugio y la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio adoptarán la resolución que corresponda”.
Resalta finalmente que en este complejo asunto intervino también la Embajada de España en Rusia, a donde había escapado el colaborador en un primer momento huyendo de Kabul a través de Uzbekistán. Esa embajada resolvió promover su traslado a España para que pudiera pedir asilo.
